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07 abril, 2013

  • Detrás del macrocomplejo de casinos y hoteles Eurovegas se esconde una trama desalentadora.
  •  Las negociaciones de este proyecto avanzan.
  • Alcorcón (Madrid) ha sido el lugar elegido para su construcción.
La utilización de medios y funciones por parte de los gestores públicos en su propio interés económico o de otra índole, se define como corrupción.

Eurovegas es el proyecto de levantamiento de un apoteósico complejo formado por seis casinos, doce hoteles, diez rascacielos, nueve teatros, tres campos de golf, etc. Su construcción sería progresiva, aderezada con la lentitud clásica española, pudiéndose incrementar el riesgo de abandono del proyecto.

¿Necesita España una Eurovegas?

Con el beneplácito de la Comunidad de Madrid, Sheldon Adelson tiene la posibilidad de expandir su imperio, formado, hasta ahora, por nueve complejos turísticos en EEUU, Macao y Singapur. El gobierno autonómico, con los nuevos cambios legislativos, actúa como mero mandatario de una empresa transnacional. 
 
Si no leyeron antes, Adelson es el magnate estadounidense, presidente y director de operaciones de la multinacional Las Vegas Sands Corporation.

***

La cuestión que se nos plantea es Eurovegas sí, o, Eurovegas no. Introduzcámonos en un escenario político e identifiquemos a los actores que exigen una serie de derechos fundamentales, además de unos entes privados y otros públicos. Para ello partiremos de las siguientes dos premisas:

1ª Todo el mundo tiene derecho a elegir su propio destino.

2ª La neutralidad en los juicios (morales, políticos o jurídicos) de cada individuo es crucial para prevenir la injusticia en el modo de proceder. En otras palabras, no puede haber parcialidad en el juicio porque conlleva un designio anticipado. (Esto no significa que no debamos tomar parte en la cuestión, de lo que se trata es de observar y analizar, en la medida de lo posible, la cuestión con imparcialidad).

Desde la plataforma ciudadana Detengamos Eurovegas Alcorcónse denuncian una serie de imposiciones, esto es, unas decisiones de carácter vinculante. Estas decisiones adquieren forma de ley, y por ello, deben ser respetadas por la ciudadanía. No obstante, la ciudadanía está descontenta por tener que atenerse a las consecuencias de esas decisiones, tomadas por sus “representantes”.

Lo que resalta la oposición al proyecto es la falta de un informe público sobre la viabilidad económica. También la dudosa promesa de generación de empleo.

Además de la carencia de información, la ciudadanía de Alcorcón denuncia la privación de tener voz en el asunto. Ésto no es extraño después de que en los plenos municipales se le haya impedido preguntar por la destrucción de empleo,-después de los recortes en servicios públicos, a través de la reforma laboral del gobierno-, de parte de quienes prometen miles de empleos en Eurovegas.

El día ocho de febrero en Madrid se pudo oír el ruido, a golpe de cacerola, causado por un río de personas. El veintitrés de ese mismo mes, se multiplicaron los ríos en una convergencia de mareas ciudadanas concertada en la Plaza Neptuno. Enfrente del Congreso de los Diputados.

En tanto en cuanto a la financiación del proyecto no existen garantías ni en la primera fase de la construcción. Desde la oposición se califica al proyecto como “estafa” porque se percibe un acuerdo particular con una empresa privada, LVS. Este punto de vista enfoca a Eurovegas como la expresión de la batalla empresarial, política y legal que produce la lógica individual de querer maximizar el beneficio sin límites.

Identificamos como ente privado la compañía multinacional dirigida por un particular, Sheldon Adelson. Este individuo es un experto en optimizar sus recursos para reducir costes y poder así acumular capital. Tiene el decimosexto puesto en el ranking de grandes fortunas mundiales. Sus actividades en China están siendo investigadas después de que Steve Jacobs, exdirector ejecutivo de Sands China, le denunciara por incumplimiento del contrato. Éste alegó que fue despedido por enfrentarse reiteradamente a Adelson por sus “peticiones ilegales”. Tiene abiertos procesos, inciados por la Comisión de Bolsa y Valores, el Departamento de Justicia de EEUU, y el Consejo de Control de Juego de Nevada a raíz de la mencionada denuncia, según el periódico El Economista. Más aun, el diario estadounidense The Wall Street Journal, LVS admitió su “probable” vulneración de la ley estadounidense que prohíbe los sobornos a funcionarios extranjeros.

Para terminar, enmarcamos a los entes públicos, específicamente a los individuos que ejercen cargos públicos en la Comunidad de Madrid y que tienen cierto poder de decisión en la cuestión.

Al consejero de Economía y Hacienda, Enrique Ossorio, no le gusta “absolutamente nada” que LVS esté siendo procesado por irregularidades en sus actividades. Opina que "es un tema que tienen que investigar las autoridades de Estados Unidos".
David Pérez, el alcalde de Alcorcón , afirma "ninguna organización, por desgracia, y más una gran multinacional que abre tantos centros en tantos sitios, está a salvo de que puedan pasar cosas de esas".

Salvador Victoria, el portavoz de la Comunidad, se preocupó por alejar el tema de la construcción de Eurovegas de los vestigios de posibles sobornos en Asia: "Esto es una cuestión que afecta a los organismos de control americanos y a la propia empresa en Estados Unidos” porque es algo "ajeno a lo que pueda ocurrir aquí".

Una hora más tarde, Ignacio González, el presidente de la Comunidad de Madrid añadirá un mensaje pirueta en el que defiende el proyecto Eurovegas y lo enaltece equiparándolo al proyecto de los JJOO Madrid 2020. El núcleo del mensaje contiene que son "proyectos de revitalización”, utilizando un lenguaje económico, pues se supone que nos ayudarán a crear empleo y a salir de la crisis, "por mucho que algunos quieran interponer chinitas en el camino".

Eurovegas es una cuestión que concierne a parte del pueblo de forma directa (la ciudadanía de Alcorcón), e indirectamente al resto de ciudadanos de los diferentes territorios del Estado. La respuesta por parte de la Comunidad de Madrid han sido unas leyes que aumentan la desafección ciudadana ante la política, y la sensación de distanciamiento entre representantes y representados.

¿Qué implican estos cambios legislativos? En primer lugar, los cargos públicos a los que les compete la tarea de expropiar el terreno del Norte de Alcorcón pueden ofrecer un precio de zona rural, más barato. La Ley de Presupuestos Generales de Estado 2013 y la Ley Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid proceden a asegurar la inversión de empresas privadas como LVS.

Los colectivos ciudadanos son silenciados por aquellos que detentan la praxis del poder político. Los representantes de la ciudadanía no tienen ni capacidad reflexiva, ni legislativa, ni directiva, ni tampoco, y sobretodo, representativa. Estos “representantes” se agrupan en partidos políticos que funcionan en un sistema que establece una legitimidad democrática a través de unas elecciones, que requieren una serie de garantías para ser válidas.

Constitucionalmente es el pueblo el que detenta la soberanía nacional y la delega en sus representantes. Como consecuencia, el entramado estatal puede disfrutar del monopolio de creación del Derecho. A la figura institucional que encarna al pueblo, Soledad Becerril, la Constitución le otorga unas funciones y unas competencias como Defensor del Pueblo. Se trata de un sujeto jurídico, una persona, que ha tratado la cuestión porque le compete. Su actividad es fundamental en el ejercicio democrático, supervisa a la Administración Pública para evitar irregularidades. Soledad Becerril se ha pronunciado sobre la cuestión, apuntando la opacidad del proyecto por la escasa información que ofrece la Comunidad de Madrid sobre Eurovegas, instando a la Administración a ser transparente.

En conclusión, en tanto que la cuestión no concede la capacidad de maniobra a los individuos a los que les afecta de forma negativa, directa o indirectamente, se han constituido en una comunidad virtual que se ha personificado en las manifestaciones. Podemos afirmar que hay colectivos que consideran que las medidas del gobierno devalúan su dignidad como personas, afectando así a sus derechos fundamentales constitucionalmente recogidos. Aquellos que defienden el proyecto, y que tienen el poder de decisión sobre la cuestión, construyen un discurso político que rechaza diálogo alguno y avanza por su idea de “salir de la crisis”. “La gran solución al gran problema de la crisis es el Megaproyecto Eurovegas”, dijo sarcásticamente el politólogo Juan Carlos Monedero. Parece una frase de eslogan. En cuanto a la segunda premisa, deberíamos preguntarnos si ciertos cargos públicos responden a la misma lógica que mueve a Sheldon Adelson, y por qué ocupan esos cargos.

Dauldee Mairim

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