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28 octubre, 2012

La otra cara de la moneda (o del sobre) de la corrupción política en la España actual está formada por los organismos que la combaten. Son tan importantes como las peticiones online para una mayor transparencia del gobierno o como las manifestaciones en la sede pepera de Génova. Sin embargo, por desgracia, y visto lo visto a día de hoy, muchas de estas iniciativas no acaban de resultar ni suficientes ni eficaces.

El caso paradigmático son las propias herramientas del Estado para luchar contra la corrupción. Podemos contar las siguientes:

1) La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad organizada. La más popular, solemos verla en los periódicos como “Anticorrupción”. Su sede en Madrid goza de un presupuesto considerable y un amplio equipo especializado: dieciséis fiscales, otros quince delegados en diversas comunidades autónomas, cuatro inspectores de la Agencia Tributaria, tres de la Intervención General del Estado y dos unidades de policía judicial. Todos ellos se encargan de casos tan sonados, complejos y espectaculares como el de Bárcenas o la Operación Emperador. Sin embargo, el resto de casos, los que conforman entre el 80 y 90% del total, reciben una atención mucho menor. Son competencia de las fiscalías ordinarias provinciales, más precarias en medios y más escasas de personal.

2) El Tribunal de Cuentas. Tiene a su disposición 801 empleados y 61 millones de euros para fiscalizar las cuentas y la gestión financiera del sector público. Aunque esto implica controlar las cuentas de los partidos políticos y los procesos electorales, el organismo tiene poca utilidad práctica contra la corrupción. Además de su lentitud burocrática y de que sus integrantes representan a los partidos mayoritarios, en el Tribunal “se ven las grandes partidas presupuestarias pero no se llega al detalle”, según fuentes del mismo.

3) La Guardia Civil y la Policía Nacional. En la primera, existen grupos especializados dentro de la policía judicial, del Departamento de Delincuencia Económica y del Servicio de Información que, en total, reúnen a 700 agentes. 200 de ellos se ocupan solamente de la corrupción, mientras que los 500 restantes abordan también cuestiones de narcotráfico, blanqueo de dinero, etcétera. En la Policía Nacional, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) cuenta con 299 profesionales, un número insuficiente según los jueces decanos y fiscales.

4) La Oficina Nacional de Investigación del Fraude Fiscal (ONIF). Se trata del departamento más importante de la Agencia Tributaria, formado por 189 personas muy preparadas y especializadas en investigar los fraudes derivados de la corrupción. Han destapado importantes tramas como la del caso Afinsa, y ahora hacen lo propio con la de Gürtel o el Emperador. Tramas que, una vez evidenciadas con pruebas, pasan a ser competencia de la Fiscalía Especial de la que antes hablábamos (la famosa “Anticorrupción”). El problema es que a veces las investigaciones comienzan cuando al fraude fiscal en cuestión le queda poco para prescribir -es decir, para extinguirse su responsabilidad penal-, algo que sucede a los cuatro años (cinco cuando el fraude supera los 120.000 euros).

5) El Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac). La conocida como “unidad de inteligencia financiera española” pertenece al Tesoro Público y está formada por 60 personas (empleados del Banco de España, policías, guardias civiles y una unidad de la Agencia Tributaria) que cuentan con un presupuesto de 9,9 millones de euros. El Sepblac recibe informaciones de las entidades de crédito sobre movimientos sospechosas en sus cuentas, a la vez que se ocupa de estar informado de los operaciones del crimen organizado.

Dejando atrás los recursos de la Administración Pública, es momento de que prestemos atención a un sector no muy conocido de la lucha contra la corrupción: las ONGs. Una de las más conocidas en nuestro país es Transparencia Internacional (TI).

En su página web se define como la “única organización no gubernamental a escala universal dedicada a combatir la corrupción” y que “congrega a la sociedad civil, sector privado y los gobiernos en una vasta coalición global”. TI, con su sede central en Berlín, fue fundada en Alemania en 1993, y desde 2003 tiene de presidente del Consejo de Administración a Peter Eigen. A su vez, está formada por una agrupación de más de 80 capítulos o sedes nacionales con un secretariado central.

Entre otras cosas, se encarga de lanzar campañas para concienciar de los perjuicios de la corrupción, de proponer reformas políticas y convenciones internacionales y, especialmente, de divulgar información sobre las instituciones públicas. En todos sus actividades, mantiene como principios fundamentales no investigar casos particulares, no depender de la política y trabajar en colaboración con la mayor variedad de sectores posibles.

En nuestro país, TI-España, gestionada por la Fundación José Ortega y Gasset y presidida por Jesús Lizcano, nació en el año 2000. Con el fin de que la ciudadanía tenga un acceso más transparente a la información de la Administración Pública, elabora y publica anualmente cuatro informes de gran relevancia: el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos; el Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas; el Índice de Transparencia de la Gestión del Agua; y el Índice de Transparencia de las Diputaciones.

A pesar de todo, a esta organización no sólo se le dedican alabanzas. Se le critica que elabore los informes a partir de valoraciones subjetivas (encuestados que miden el grado de corrupción de sus países) y no de información objetiva. Además, no tiene en cuenta en sus informes globales que la concepción legal de la corrupción puede variar según el país y su jurisdicción concreta.

Otro ejemplo de este tipo de organizaciones lo tenemos en Contracorrupción, una ONG que, a diferencia de TI, existe sólo en España. Tuvimos la oportunidad de entrevistarles para que nos contasen acerca de su colectivo y de su punto de vista de la lucha que llevan a cabo.

Zoociedad: ¿Podrían resumirnos en qué consiste su organización y cuáles son sus principales líneas de acción?

Contracorrupción: Resumidamente, nuestra organización trata de ser una reunión de abogados y profesionales que formen un grupo compacto, grupo que pretende trabajar contra las ilegalidades de los miembros deshonestos de las Administraciones Públicas (salvando a los muchísimos que son honestos); primero, denunciando una realidad de España demasiado desconocida pero determinante, y ello mediante nuestros informes publicados en el sitio Web contracorrupcion.org; segundo, interponiendo cuantas acciones judiciales sean necesarias para proteger a cualquier ciudadano de estas ilegalidades; y, tercero, colaborando económicamente, en la medida que podamos, con quienes no tienen medios para litigar o, simplemente, subsistir.

Z: ¿Cuándo y cómo fue creada esta iniciativa?

C:
Esta Organización tiene su origen en 2010. Poco antes, en 2009, un graduado social de Granada entregó a un despacho de abogados de Jaén una documentación sobre una supuesta prevaricación judicial. La presunta actuación ilícita del juez, que actuó a favor de amistades, con mezcla de política, consistió en condenar a este señor por negligencia profesional, cuando la realidad totalmente probada en los autos judiciales determinaba justo lo contrario, la perfecta actuación profesional de este graduado social.

Aquella condena injustificada generó un enorme cúmulo de problemas y desgracias a este señor y a su familia, teniendo su más terrible consecuencia cuando dos meses antes de acudir al referido despacho de abogados, su esposa, que no soportó las durísimas consecuencias que aquella injusta condena acarreó a su familia, se había lanzado por el balcón de su casa con resultado de muerte.

A raíz de aquello, se interpuso querella contra la juez que así sentenció, siendo archivada sin enjuiciar. Pero el graduado social y su abogado no quisieron abandonar. Por eso se constituyó la Organización, hoy con cincuenta profesionales, pues tras un exhaustivo estudio pudimos comprobar como sólo el 1% de las denuncias o querellas contra jueces prospera en este país, existiendo una impunidad de facto de jueces y magistrados tal y como hemos publicado en la Web (Informe núm. 2), fruto del estado de cosas actual.

Z: ¿Cuáles consideran que han sido sus mayores logros hasta ahora?
C: Nuestra Organización se está gestando ahora, y para acercarse a la posibilidad de tener éxito necesita el apoyo en nuestra Web de cuantas más personas mejor, ya sea tanto de profesionales como de la generalidad de ciudadanos normales con la misma sensibilidad “contracorrupción”. Si esto se consigue en grado suficiente, podremos, sin duda, ser muy útiles a la sociedad.

Z: Fuera de tramas tan grandes y mediatizadas como la de Bárcenas, Gürtel o la Operación Emperador, ¿creen que existe entre los españoles suficiente conciencia de la corrupción?

C: Ya han visto las encuestas recientemente publicadas, la corrupción y los políticos son la segunda y tercera preocupación de los españoles; pero también creemos existe una clara conciencia de querer hacer “algo” contra los corruptos que tanto nos perjudican a nivel general y particular. Nosotros nos ofrecemos para intentar darle forma a ese “algo”, que reduzca los niveles de corrupción que actualmente sufrimos.

Z: ¿Qué cambios legislativos creen que son necesarios en nuestro país para que no se produzcan casos como el de Bárcenas?

C: En base a nuestros referidos dos informes, en nuestra Web proponemos de momento dos cambios legislativos: que se elimine o modifique la legislación que hace posible que los jueces deban sus puestos a los políticos, directa o indirectamente (politización de la justicia), y que los jueces no se juzguen a sí mismos, sino que sean los ciudadanos quienes lo hagan, opción esta que aunque no es a nuestro entender ideal, creemos que sí tendría un importante efecto disuasorio sobre los jueces corruptos que saben serían juzgados por ciudadanos de a pie. Con estas dos modificaciones legislativas, que se dirigen a enmendar lo que entendemos nosotros es la “yugular” de la corrupción, seria suficiente para que el asunto que hemos citado antes y la inmensa mayoría del resto no se produjesen, o, al menos, se redujesen por el miedo real a ser condenados, miedo que actualmente creemos existe poco o ninguno, salvo a la intervención de los medios de comunicación.

Z: ¿De qué herramientas disponen los ciudadanos para combatir la corrupción política y de la Administración Pública?

C: Disponen de la fiscalía y del poder judicial, pero ambos, herramientas potentísimas con capacidad sobrada para actuar con enorme contundencia contra la corrupción, no dependen de sí mismas en demasiados casos, dependen del poder que los controla, el poder político “dominante”, que es precisamente el generador principal, directo o indirecto, de la corrupción en este país, ya hablemos de corrupción promovida por los mismos políticos, ya hablemos de la permitida por ellos haciendo posible la impunidad de los jueces en el ejercicio de sus funciones (ver nuestros informes).


Makala

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